Redacción Central
Fuente. Univision
VERACRUZ, México.- Solo se han identificado dos cadáveres de
los 253 cráneos sacados de la tierra en la fosa del noreste de Veracruz,
pero estos dos casos ya suponen un terremoto. Se trata de
Pedro Huesca, agente del Ministerio Público adscrito al programa Veracruz Seguro, y
Gerardo Montiel, su secretario.
Ambos desaparecieron en abril de 2013 y, como se ha sabido ahora, presuntamente fue a manos de policías estatales. Así lo desveló la semana pasada el fiscal de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, informando que existen dos agentes detenidos desde 2013 por esas desapariciones.
Las excavaciones en esta tumba sin fin del que no dejan de salir huesos humanos,
“la fosa clandestina más grande de México”, han abierto una caja de pandora: la de las desapariciones forzadas causadas por policías.
Aparte de Huesca y Montiel, en las fosas del puerto veracruzano se busca al menos otros 18 desaparecidos donde los principales sospechosos son elementos de la Policía Estatal, la cual estuvo a cargo del exgobernador Javier Duarte –actualmente prófugo de la justicia– y su secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, preso por desvío de recursos.
El propio Bermúdez Zurita fue demandado, el pasado febrero, por los familiares de cinco víctimas de desaparición forzada originarios de Tierra Blanca, Veracruz.
Las cifras son impactantes. A diciembre de 2016, la Fiscalía de Veracruz tuvo alrededor de 1,459 denuncias por el delito de desaparición forzada, término que es usado cuando en este crimen intervienen elementos de fuerzas de seguridad.
A pesar que las familias siguen buscando a sus desaparecidos en cárceles, hospitales y albergues, también están intentando atar los cabos que durante años estaban sueltos, pues las investigaciones fueron hechas con irregularidades durante el gobierno de Duarte, según consta en una recomendación girada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz.
Marta González, madre del oficial desaparecido Luis Alberto Valenzuela, cuenta en entrevista con Univision Noticias que en 2013 al expediente de investigación de su hijo se agregaron dos declaraciones de sujetos detenidos por el caso de Pedro Huesca, el primer cuerpo identificado en las fosas de Colinas de Santa Fe.
En las declaraciones, uno de los hombres hace comentarios sobre los ocho policías de Úrsulo Galván y explica que fueron secuestrados por policías estatales y luego fueron enterrados en fosas clandestinas.
“En el expediente de Pedro Huesca hay dos nombres, dos hombres que
están detenidos. Uno de ellos habla de los ocho policías: dice que se
los echaron (asesinaron), y luego los policías (estatales) se los
llevaron a un camino hasta un rancho”, comenta González.
Luego de conocer esa información, Marta considera que pudieron haber asesinado a su hijo y sus restos podrían estar en esas fosas. Pero cuando va a las brigadas de búsqueda en Colinas de Santa Fe, asegura que su corazón no siente cerca a Luis Alberto.
“Hay compañeras que llegan y sienten cerca a sus hijos y los encuentran, pero yo cuando voy no lo siento, puede que no esté ahí”, expresa Marta González, quien también es integrante del Colectivo Solecito de Veracruz.
Luego del arduo trabajo de las esposas y las madres de los policías desaparecidos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos pidió al estado de Veracruz reiniciar de forma adecuada las diligencias del caso.
“La Policía Estatal, que es Seguridad pública, siempre negó su participación. En todos los oficios ellos dijeron que nunca hubo operativo ese día, pero ahorita con el nuevo gobierno la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz emitió una recomendación a Seguridad Pública y ahí dan pruebas que sostienen que sí participaron, y gracias a Dios el gobierno acepta la recomendación, y con eso están aceptando que sí hubo participación de la fuerza pública”, detalla Rosario Sayago, esposa de Juan Carlos Montero Parra, comandante segundo del municipio Úrsulo Galván, quien también fue desaparecido junto a siete de sus compañeros.
Ella también busca a su marido con vida en cárceles, pero sabe que
existen indicios de que los restos de su esposo podrían estar en Colinas
de Santa Fe.
“La posibilidad que esté ahí está abierta, por eso tengo que estar buscando a mi marido entre huesos”, dice Rosario.
El caso Formando HogarVíctor Álvarez Damián tenía 16 años cuando desapareció. La última vez que se supo de él, un grupo de policías estatales de Veracruz lo inculpó de ser cómplice de un supuesto crimen y lo lo llevó detenido.
Todo ocurrió en el barrio llamado Formando Hogar, al noreste del puerto de Veracruz. Los uniformados llegaron pasadas las dos de la tarde en un convoy compuesto de patrullas cuyas matrículas fueron ocultas con cinta tape; estaban encapuchados, armados hasta los dientes y entraron al taller mecánico donde trabajaba el joven.
“Ya agarramos al que robó, pero tú eres su cómplice. Súbete (a la patrulla)”, fueron las palabras de los uniformados, según testimonios obtenidos por Perla Damián, madre de Víctor.
La señora Perla dice a Univision Noticias que su hijo fue testigo de
un crimen perpetrado un día antes, por esa razón intuyó que los
uniformados lo habían confundido y que Víctor estaría esperándola en
algún Ministerio Público, listo para volver a casa. Sin embargo, aquel
11 de diciembre de 2013 fue el último día que lo vio.
Perla Damián tuvo que enfrentarse a instituciones que no querían aceptar su denuncia, icnlusive tuvo que ir a la Ciudad de México para interponer una demanda en la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía federal) donde le dijeron que si hubiera llegado antes tal vez hubieran podido encontrar a su hijo, porque el celular de Víctor estuvo prendido semanas después de su desaparición.
El caso de Víctor Álvarez Damián es investigado como una desaparición forzada, dado que en el acto participaron elementos policiacos, pero no es el único: nueve jóvenes más fueron detenidos en la colonia Formando Hogar por parte de policías estatales entre el 6 y 13 de diciembre de 2013 en el marco de un operativo para prevenir los delitos de época decembrina.
En total son 10 los casos de desaparición forzada que fueron denunciados en Formando Hogar, los cuales están siendo analizados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para intervenir y pedirle al Estado mexicano que los resuelva de manera urgente.
Marta González, Rosario Sayago Montoya y Perla Damián son integrantes
del Colectivo Solecito de Veracruz y son familiares de personas que
fueron desaparecidas por policías estatales. Ellas y otras 90 madres de
familia han localizado 253 cadáveres en las fosas de Colinas de Santa
Fe, pero esperan que les llegue ayuda, pues el estado de Veracruz
declaró que no cuenta con los recursos suficientes para poder hacer las
pruebas de identificación genética de los cuerpos.
Fuente. Univision
Las dos primeras identificaciones de cadáveres
apuntan directamente a agentes estatales, pero en esta tumba sin fondo
se buscan al menos otras 18 personas por desapariciones relacionadas con
las fuerzas de seguridad.
Ambos desaparecieron en abril de 2013 y, como se ha sabido ahora, presuntamente fue a manos de policías estatales. Así lo desveló la semana pasada el fiscal de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, informando que existen dos agentes detenidos desde 2013 por esas desapariciones.
Aparte de Huesca y Montiel, en las fosas del puerto veracruzano se busca al menos otros 18 desaparecidos donde los principales sospechosos son elementos de la Policía Estatal, la cual estuvo a cargo del exgobernador Javier Duarte –actualmente prófugo de la justicia– y su secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, preso por desvío de recursos.
El propio Bermúdez Zurita fue demandado, el pasado febrero, por los familiares de cinco víctimas de desaparición forzada originarios de Tierra Blanca, Veracruz.
Las cifras son impactantes. A diciembre de 2016, la Fiscalía de Veracruz tuvo alrededor de 1,459 denuncias por el delito de desaparición forzada, término que es usado cuando en este crimen intervienen elementos de fuerzas de seguridad.
A pesar que las familias siguen buscando a sus desaparecidos en cárceles, hospitales y albergues, también están intentando atar los cabos que durante años estaban sueltos, pues las investigaciones fueron hechas con irregularidades durante el gobierno de Duarte, según consta en una recomendación girada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz.
Los ocho policías de Úrsulo Galván
Al norte del puerto de Veracruz, donde el viento golpea los cañales y la gente vive de su trabajo en los ingenios azucareros, ocho policías del municipio de Úrsulo Galván desaparecieron el 11 de enero de 2013.Marta González, madre del oficial desaparecido Luis Alberto Valenzuela, cuenta en entrevista con Univision Noticias que en 2013 al expediente de investigación de su hijo se agregaron dos declaraciones de sujetos detenidos por el caso de Pedro Huesca, el primer cuerpo identificado en las fosas de Colinas de Santa Fe.
En las declaraciones, uno de los hombres hace comentarios sobre los ocho policías de Úrsulo Galván y explica que fueron secuestrados por policías estatales y luego fueron enterrados en fosas clandestinas.
Luego de conocer esa información, Marta considera que pudieron haber asesinado a su hijo y sus restos podrían estar en esas fosas. Pero cuando va a las brigadas de búsqueda en Colinas de Santa Fe, asegura que su corazón no siente cerca a Luis Alberto.
“Hay compañeras que llegan y sienten cerca a sus hijos y los encuentran, pero yo cuando voy no lo siento, puede que no esté ahí”, expresa Marta González, quien también es integrante del Colectivo Solecito de Veracruz.
Luego del arduo trabajo de las esposas y las madres de los policías desaparecidos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos pidió al estado de Veracruz reiniciar de forma adecuada las diligencias del caso.
“La Policía Estatal, que es Seguridad pública, siempre negó su participación. En todos los oficios ellos dijeron que nunca hubo operativo ese día, pero ahorita con el nuevo gobierno la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz emitió una recomendación a Seguridad Pública y ahí dan pruebas que sostienen que sí participaron, y gracias a Dios el gobierno acepta la recomendación, y con eso están aceptando que sí hubo participación de la fuerza pública”, detalla Rosario Sayago, esposa de Juan Carlos Montero Parra, comandante segundo del municipio Úrsulo Galván, quien también fue desaparecido junto a siete de sus compañeros.
“La posibilidad que esté ahí está abierta, por eso tengo que estar buscando a mi marido entre huesos”, dice Rosario.
El caso Formando HogarVíctor Álvarez Damián tenía 16 años cuando desapareció. La última vez que se supo de él, un grupo de policías estatales de Veracruz lo inculpó de ser cómplice de un supuesto crimen y lo lo llevó detenido.
Todo ocurrió en el barrio llamado Formando Hogar, al noreste del puerto de Veracruz. Los uniformados llegaron pasadas las dos de la tarde en un convoy compuesto de patrullas cuyas matrículas fueron ocultas con cinta tape; estaban encapuchados, armados hasta los dientes y entraron al taller mecánico donde trabajaba el joven.
“Ya agarramos al que robó, pero tú eres su cómplice. Súbete (a la patrulla)”, fueron las palabras de los uniformados, según testimonios obtenidos por Perla Damián, madre de Víctor.
Perla Damián tuvo que enfrentarse a instituciones que no querían aceptar su denuncia, icnlusive tuvo que ir a la Ciudad de México para interponer una demanda en la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía federal) donde le dijeron que si hubiera llegado antes tal vez hubieran podido encontrar a su hijo, porque el celular de Víctor estuvo prendido semanas después de su desaparición.
El caso de Víctor Álvarez Damián es investigado como una desaparición forzada, dado que en el acto participaron elementos policiacos, pero no es el único: nueve jóvenes más fueron detenidos en la colonia Formando Hogar por parte de policías estatales entre el 6 y 13 de diciembre de 2013 en el marco de un operativo para prevenir los delitos de época decembrina.
En total son 10 los casos de desaparición forzada que fueron denunciados en Formando Hogar, los cuales están siendo analizados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para intervenir y pedirle al Estado mexicano que los resuelva de manera urgente.